Según la Agencia ha informado en un comunicado, en el marco de la denominada Operación Carpo, se han iniciado inspecciones a 80 contribuyentes vinculados a los locales inspeccionados, de los que 62 eran sociedades y 18 personas físicas socios y administradores de las sociedades investigadas.
La Agencia contaba con indicios de que estas empresas ocultaban parte de sus ventas mediante la utilización de programas informáticos que manipulaban las ventas reales, suprimiendo o modificando el importe de una transacción. Las investigaciones previas afloraron que estas sociedades recibían cobros en efectivo, más difíciles de vigilar, muy por encima de la media del sector mayorista de frutas, de manera que en ocasiones superaba el 80 % de las ventas.
Además, los márgenes de explotación de estas sociedades eran “significativamente inferiores” a los de otras empresas del sector, en ocasiones con resultados negativos durante varios ejercicios.
El dispositivo, en el que han participado más de 430 funcionarios de la Agencia con apoyo policial, ha afectado a 15 locales en la Comunidad Valenciana, 14 en Madrid, 11 en Galicia, 11 en Andalucía, 6 en Canarias, 5 en Aragón, 3 en Murcia, 3 en Castilla y León, 2 en Asturias, 2 en Extremadura, 1 en Baleares, 1 en Cantabria y 1 en La Rioja, a los que se unen acciones en el País Vasco y Navarra coordinadas por las Haciendas Forales.
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