Recuperar tierras acaparadas por empresas de plantaciones de árboles a gran escala y volver a cultivar alimentos es posible. Así lo demuestran organizaciones de base de Misiones, en Argentina. A fuerza de años de lucha, familias de Puerto Piray y Puerto Libertad evitaron ser expulsadas de su territorio. En algunos casos, lo hicieron mediante la expropiación; en otros, a través de tomas y ocupaciones. Ahora, con gran esfuerzo, devuelven vida al suelo compactado y sin nutrientes que dejaron los monocultivos de pinos y eucaliptus.
La provincia de Misiones se encuentra en el noreste argentino, en el límite con Brasil. La atraviesan caudalosos ríos y es territorio de la selva paranaense y de comunidades indígenas guaraníes, gravemente dañadas y amenazadas por el avance de los monocultivos de árboles.
En 1950 se instaló en Puerto Piray, a orillas del río Paraná, la planta Celulosa Argentina S.A. En las décadas siguientes, con el fomento del Estado, se levantaron otras dos plantas de celulosa, se extendieron las plantaciones industriales de pinos y se construyeron los aserraderos más grandes del país. Sólo entre 1950 y 1977, la expansión de la frontera agraria y de las plantaciones industriales de árboles avanzó sobre el 53 por ciento del bosque nativo (1). En los últimos 25 años, los monocultivos de pinos y eucaliptos continuaron avanzando sobre el bosque en la provincia: mientras que en 1992 había 7.347 hectáreas de plantaciones, en 2018 se alcanzaron las 405.824 has. (2).
Esta expansión se explica, en buena parte, por la implementación, desde 1998, de la ley nacional 25.080 que otorga enormes subsidios a las plantaciones industriales de árboles. En mayo de 2017, el Gobierno argentino anunció que prorrogará esos beneficios hasta 2030 y, en mayo de 2018, lanzó el plan “Forestar 2030” con el objetivo de incrementar en 800 mil has. las plantaciones en el país (hoy, la extensión de monocultivos de árboles a nivel nacional alcanza los 1,2 millones de has. El 60% se concentra en las provincias de Misiones y Corrientes). El plan es presentado como una supuesta solución al cambio climático y como generador de empleos. Detrás de esta iniciativa, además de las empresas del sector y el gobierno, está The Nature Conservancy Argentina (3), una organización internacional conservacionista que promueve proyectos de compensación y mitigación de emisiones de carbono en complicidad con grandes empresas y países industrializados, que continúan deforestando y quemando combustibles fósiles.
La transnacional chilena Arauco desembarcó en Misiones en 1996, con la compra de la planta de celulosa Alto Paraná S.A. (ubicada en Puerto Esperanza) y luego instaló, en Puerto Piray, un aserradero y una planta de tableros de fibra de mediana densidad (MDF). Para 2014, Arauco era dueña del 39 por ciento de las plantaciones de monocultivos de árboles de Misiones (4).
La concentración no fue solamente de la tierra sino también de la materia prima: los pequeños aserraderos se fueron quedando sin acceso a la madera, rezagados en materia tecnológica, y cerraron, aumentando el desempleo. Por otro lado, los trabajadores no fueron necesariamente absorbidos por la nueva empresa ya que con la creciente tecnificación, las tareas en las plantaciones de árboles, como la plantación y la cosecha, que al principio generaban empleo, fueron sustituyéndose por máquinas y agrotóxicos (5).
Luisa Segovia, integrante de la organización Productores Independientes de Piray (PIP), recuerda haber trabajado recolectado resina y plantando pinos. Su marido, Nicanor, hacía tareas de carpir, machetear y fumigar con mochila; eran empleos precarios, que le trajeron graves consecuencias a su salud. “Es una empresa muy conflictiva porque no le importan los seres humanos”, afirman. “Cuando venían las certificadoras, los ingenieros de la empresa nos amenazaban para que digamos que estaba todo bien”, recuerda Nicanor.
A partir de la década de 2000, cuando Arauco comenzó a reemplazar a los empleados por máquinas los trabajadores no sólo se quedaron sin empleo, sino que veían cómo las plantaciones empezaron a avanzar sobre sus casas. Muchos parajes desaparecieron por el accionar violento de la empresa y la complicidad del Estado, que dejaba de enviar servicios básicos a la población: sin trabajo, luz, salud ni transporte, los forzaban a abandonar las tierras.
En Piray, las familias desempleadas empezaron a organizarse en grupos de base a comienzos de 2000. Estaban preocupadas por la falta de trabajo y por el avance de los pinos sobre sus casas, que generaba contaminación con polen y agrotóxicos. Sus reclamos a las autoridades locales no eran oídos porque el municipio sólo respondía a la empresa.
“Ahí fue cuando empezamos a despertar y vimos que nuestro proyecto esencial tenía que ser buscar una salida: vivir mejor”, cuenta Miriam Samudio, integrante de Productores Independientes de Piray (PIP). Entonces comenzaron a decir: Necesitamos que los pinos se retiren y que en esas tierras podamos trabajar y producir alimentos. Esa se convirtió en su bandera.
En 2003 hicieron una reunión con Arauco. En el encuentro, los ingenieros de la compañía dijeron que la empresa no cedería ni un centímetro de tierra. En cambio, les ofrecían construir una fábrica de alpargatas, ropa o pañales. Pero las familias se negaron porque querían la tierra, querían producir.
Y empezó la batalla. “Lo primero fue concientizar a nuestra propia gente, a la comunidad y a la sociedad para que entienda nuestro pedido. Porque estábamos desafiando a una multinacional”, explica Miriam. Se hicieron reuniones, marchas y se creó una mesa de negociación con las autoridades. En esas reuniones, quedó en evidencia la complicidad entre el gobierno local y Arauco. “Nos dimos cuenta que el único objetivo era desgastarnos, entonces abandonamos la mesa.”
Para ese entonces, eran unas 200 familias organizadas bajo el nombre de Productores Independientes de Piray (PIP). Fracasada la mesa de negociación, decidieron comenzar a vincularse con organizaciones de campesinos de otras localidades, como la Unión Campesina de Bernardo de Irigoyen o Unidos Ruta 20. “Ellos nos decían: ‘Ustedes no tienen que tener miedo. Siempre les van a decir que no. Pero nosotros tenemos derechos, es nuestra tierra, y las multinacionales vienen a robarnos lo nuestro’.” Uno de los temores de las familias de Piray era que los llevaran presos porque, en ocasiones, la Policía intentaba culparlos de supuestos delitos. “Tocar a Arauco era tocar al poder y a sus amigos”, afirman.
Un factor importante en la lucha fue la comunicación hacia dentro de la organización. “Nos juntábamos cada fin de semana. Eso ayudó a que la comunicación entre las familias siempre fuera clara. Y que lo que se decidía se hacía en conjunto”, explican. Otro hábito que mantuvieron fue llevar el reclamo a los medios de comunicación locales. “Denunciábamos que la comunidad de Piray está asfixiada por los pinos y planteábamos todos nuestros argumentos.”
En 2012, tras 10 años de lucha, PIP decidió exigir al Gobierno la expropiación de tierras a Arauco. En ese año, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la expropiación de la empresa petrolera YPF. “A partir de ese momento salimos a decir abiertamente ‘expropiación’”, cuenta Miriam. “Antes era una palabra prohibida porque iba contra la propiedad privada. Pero una vez que la presidenta lo dijo, lo tomamos como herramienta”.
A partir de allí y durante casi un año, PIP recorrió la provincia y el país juntado adhesiones al proyecto de expropiación. Continuaron con su lucha en el territorio, hicieron movilizaciones y se mantuvieron firmes en su reclamo: “Era la tierra o nada. Porque sino íbamos a desaparecer”, afirman. En junio de 2013, la Legislatura de Misiones aprobó la expropiación de 600 hectáreas a Arauco. Fue una primera gran victoria.
La primera entrega de tierras fue recién en 2017 y el trabajo para los campesinos fue durísimo. La empresa cortó los árboles y entregó la tierra en un estado calamitoso, completamente degradada, con todos los tocones esparcidos por el campo, lleno de ramas y demás desechos dejados después de llevarse la madera. Se encontraron con que el terreno estaba muy compactado por los ciclos continuos de plantaciones de 8/9 años que no dejan recuperar el suelo y las toneladas de peso de las maquinarias que utilizaba la empresa. A ello se sumó que, tras años de aplicación de agrotóxicos, cuando apareció un cultivo sin químicos, se llenó de insectos y plagas que habían desaparecido por el uso continuado de los venenos.
Recibieron como primera entrega tan solo 166 hectáreas de las 600 expropiadas (Arauco entrega las tierras a medida que cosecha los pinos y eucaliptus). De esas 166, sólo unas 86 eran aptas para cultivo. El resto está ocupada por familias. La empresa incluyó dentro de la tierra a expropiar unas 80 hectáreas donde viven familias hace más de 20 años. PIP decidió aceptar esa parte como parte de la primea entrega para no caer en la estrategia de la empresa de hacer enfrentar a las familias. Pero explicaron que, más adelante, lucharán para que Arauco entregue otras 80 hectáreas aptas para cultivo en un lugar que no esté habitado.
El terreno se dividió en una parte para las familias y otra, para cultivo colectivo de la cooperativa. Sembraron zapallo, calabaza, maíz, mandioca y sandía, entre otros. “Donde había eucaliptus, la tierra parecía cemento (concreto)”, cuentan los campesinos. El trabajo es todo a mano porque no tienen recursos para comprar máquinas y el Estado no colabora. Intentaron usar un buey, pero el animal se murió de cansancio por el esfuerzo que implicaba labrar una tierra tan compactada durante tantos años.
Otro problema grave fueron las plagas. Apenas empezaron a crecer los cultivos, se llenaron de “bichos”. Con el asesoramiento de técnicos de la secretaría de Agricultura Familiar local (que acompañaron a PIP durante todo el proceso de recuperación), hicieron preparados naturales para combatirlas. Saben que llevará tiempo hasta que el ecosistema vuelva a su equilibrio natural y las plagas dejen de atacar los cultivos. Pero están decididos a no utilizar agrotóxicos.
Con la tierra dañada por los monocultivos y la falta de maquinarias, la primera cosecha rindió muy poco. Calculan que fue menos de la mitad de lo que hubieran cosechado en una tierra sana. Y afirman que esta cosecha fue posible gracias a la calidad de la tierra, ya que la empresa expande sus plantaciones en las tierras más fértiles y con mejor relieve. Esto lo denuncian los campesinos no sólo en Piray, sino también otras zonas de Misiones.
En una zona donde antes había un bañado, éste reapareció una vez que se cortaron los pinos. Cuentan los productores que el bañado siempre estuvo, sólo que cuando plantaron los eucaliptos y pinos en los campos que lo rodeaban el agua había casi desaparecido, el bañado estaba en su mínima expresión. De hecho, luego habían plantado pinos sobre el bañado ya que el agua había desaparecido. “Es un depósito natural de agua, si se seca el bañado, se seca la vertiente que llega a la casa de los vecinos”, explican los productores. Ahora, luego de meses de cortados los pinos, todavía pueden verse los tocones entre el pastizal de bañado que está resurgiendo. El agua está volviendo.
Por ahora, lo que cultivan alcanza para el autoconsumo y les permite permanecer en su territorio. Aún no llegan a producir un volumen suficiente como para vender en cantidad en los mercados locales. Pero ese es su proyecto a futuro, a medida que reciban la tierra que falta. “Sembrar lucha y cosechar tierra” es el lema de PIP.
En Puerto Libertad, 70 kilómetros al norte de Piray, Arauco es propietaria de casi el 80 por ciento del territorio. De las 80 mil hectáreas que forman el municipio, 65 mil son de la empresa (6). El pueblo tiene unos 7000 habitantes y está literalmente rodeado de pinos.
Allí también la tecnificación de Arauco causó cientos de despidos en la década de 2000. La mayoría eran motosierristas que trabajaban para empresas contratistas de la multinacional. Por otra parte, a nivel del centro urbano de Puerto Libertad ya no había espacio para nuevas viviendas, calle por medio a la planta urbana comienzan las plantaciones de pinos. Todo esto llevó a que muchas familias buscaran espacio donde vivir fuera de la ciudad y al mismo tiempo poder cultivar la tierra para subsistencia y como una fuente de ingreso familiar. La recuperación de tierras para cultivo se dio aquí, sobre todo, mediante ocupaciones.
Unas 100 de esas familias conforman hoy la cooperativa “Parajes Unidos” de Puerto Libertad, mediante la cual organizan la producción de alimentos y los venden en diferentes mercados zonales. Las chacras familiares tienen entre dos y tres hectáreas cada una. Allí plantan mandioca, maíz, verdeos y crían animales.
Las tomas de tierras se dieron en varias etapas. Una ocupación fue en 2006, en tierra de “capuera”, (zona de selva que fuera abierta años atrás para cultivo). Luego, en 2015, se ocuparon tierras donde había plantaciones de Arauco, luego de que la empresa cosechara los pinos. En otros casos, ex motosierristas compraron “mejoras” de chacras (lo construido sobre un terreno, pero no el terreno), cuya tierra luego fue reclamada por Arauco como propia.
Al ser tierras ocupadas, muchos de estos campesinos enfrentan conflictos con la multinacional o con propietarios que cultivan pinos para la empresa (por una ley nacional que limita la tenencia de tierra en manos de extranjeros, Arauco no puede comprar más tierra en Misiones). Por estos conflictos, los campesinos suelen ser hostigados por la Policía local.
Nora Duarte es una de las mujeres que participó en varias recuperaciones y tiene la experiencia de cultivar en tierra donde antes hubo plantaciones. Explica que donde hubo pinares durante más de 20 años, la tierra queda seca y dura. “Ahí la verdura no sale. La cebolla puede ser, pero la mandioca no”. Cuenta que una de las formas de recuperar el suelo es sembrando legumbres. Luego de tres años de trabajar la tierra, logran cosechar aproximadamente la mitad de lo que cultivaron. En otros campos, donde hubo plantaciones de pinos solo por 10 años, pueden cosechar más variedad.
Los pequeños productores destacan la gran inversión de dinero y tiempo de su parte para recuperar la fertilidad de la tierra. Durante el tiempo que demora el suelo en recomponerse y producir lo suficiente como para vivir, las familias tienen que hacer “changas” (trabajos informales). Entre vecinos también se ayudan: se prestan parcelas de tierra aptas para cultivo y se intercambian alimentos. En algunos casos, les lleva hasta 10 años poder vivir únicamente de su propia producción.
Tampoco cuentan con apoyo del Estado: “No tenemos estudio, pero sabemos lo que está bien y lo que está mal”, dice uno de los campesinos. “¿Por qué el gobierno da tanta facilidad a las empresas para comprar máquinas y nosotros no tenemos ni para comprar un machete?”, se preguntan.
Los productores sostienen que si se pudieran tomar más tierras y transformarlas en quintas y chacras, muchas familias de localidades cercanas se sumarían a este proyecto de vida.
Emilio Spataro, Guardiantes del Iberá (Argentina), emiliospa@gmail.com
Lizzie Díaz, secretariado internacional del WRM, lizzie@wrm.org.uy
Lucía Guadagno, secretariado internacional del WRM, luciag@wrm.org.uy
Notas:
(1) Ramírez, Delia. Acorralados por los pinos. Consecuencias del avance de la forestación en el Alto Paraná misionero. En Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 2 / Facundo Martín … [et
al.] ; compilado por Gabriela Merlinsky. – 1a ed . – Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Fundación CICCUS, 2016. Pág 115.
(2) Ministerio de Hacienda de la Nación. Informes productivos provinciales. Misiones, enero 2018.
(3) Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial. “El Gobierno nacional lanzó la plataforma Forestar 2030”
(4) Idem 1. p. 118.
(5) Grupo Guayubira. “Misiones, Argentina: pinos, pasteras y mentiras”
(6) Alvez, Sergio. “El 80% de la superficie del municipio Puerto Libertad le pertenece a una multinacional”
Fuente: WRM
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