El cambio climático es uno de los mayores retos de gobernanza del siglo XXI. Su carácter de bien público global genera incentivos débiles para la cooperación y altos riesgos de inacción colectiva. Desde la perspectiva de la economía neoinstitucional, este fenómeno no solo representa una crisis ambiental, sino también un problema institucional marcado por costos de transacción elevados, oportunismo e información asimétrica.
Este artículo explora cómo estos factores limitan la acción efectiva frente al cambio climático y analiza las estrategias neoinstitucionales para mejorar la gobernanza. Asimismo, se discute por qué estas propuestas enfrentan dificultades específicas cuando se trata de un bien público como el clima.
1. El cambio climático como problema de gobernanza
La gobernanza del cambio climático se refiere a los arreglos institucionales, políticos y sociales que permiten coordinar acciones para mitigar sus causas (como las emisiones de gases de efecto invernadero) y adaptarse a sus efectos (como los eventos extremos o la pérdida de biodiversidad).
A diferencia de problemas ambientales locales, el cambio climático es transfronterizo, intertemporal y multidimensional. Afecta a múltiples sectores, actores e intereses, y requiere cooperación sostenida entre países, niveles de gobierno, empresas, comunidades y ciudadanos. Pero su carácter de bien público global genera un conjunto particular de obstáculos institucionales.
2. El problema del bien público y la acción colectiva
El clima estable es no excluible (todos se benefician de un clima más predecible, independientemente de si contribuyen o no a su cuidado) y no rival (una persona que disfruta de un clima templado no impide que otros también lo hagan). Estas propiedades dificultan que actores individuales asuman los costos de mitigación o adaptación de forma voluntaria.
Esto genera el clásico problema del polizón (free rider problem): todos esperan que otros actúen, mientras intentan maximizar sus beneficios individuales. El resultado es una provisión insuficiente de acción climática.
3. Aportes de la economía neoinstitucional al análisis de la gobernanza climática
La economía neoinstitucional estudia cómo las instituciones (normas, reglas, acuerdos formales e informales) permiten reducir los conflictos y coordinar la acción colectiva, especialmente cuando los mercados fallan. Aplica conceptos como:
a) Costos de transacción
Son los costos de negociar, coordinar, monitorear y hacer cumplir acuerdos. En el cambio climático, estos costos son extremadamente altos debido a:
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La multiplicidad de actores y escalas (global-local).
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La incertidumbre científica y temporal.
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La necesidad de consensos complejos (por ejemplo, en negociaciones como las COP).
b) Oportunismo
Es la tendencia de los actores a actuar en su propio beneficio a expensas del acuerdo colectivo, especialmente cuando hay posibilidades de evadir compromisos sin ser castigados.
Ejemplos en gobernanza climática:
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Países que firman acuerdos pero no los implementan.
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Empresas que «maquillan» sus acciones verdes (greenwashing).
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Estados que anuncian metas ambiciosas sin medios reales para cumplirlas.
c) Información asimétrica
Ocurre cuando algunos actores poseen más o mejor información que otros. En cambio climático:
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Los países tienen diferentes capacidades para medir y reportar emisiones.
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Las grandes corporaciones pueden ocultar o manipular información ambiental.
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Las poblaciones vulnerables carecen de datos o conocimientos sobre riesgos y soluciones climáticas.
4. Estrategias neoinstitucionales para mejorar la gobernanza climática
La economía neoinstitucional propone varias estrategias para facilitar la cooperación en contextos de bienes públicos:
a) Diseño de reglas claras y mecanismos de monitoreo
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Acuerdos con metas verificables, cronogramas y sanciones creíbles.
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Sistemas de monitoreo independientes (como el Mecanismo de Transparencia del Acuerdo de París).
b) Reducción de la incertidumbre y generación de confianza
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Información transparente, accesible y compartida.
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Instituciones internacionales estables y legitimadas, como el IPCC o el Fondo Verde para el Clima.
c) Incentivos alineados
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Subvenciones, créditos o beneficios fiscales para quienes reduzcan emisiones o adopten tecnologías limpias.
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Mercados de carbono, pagos por servicios ambientales, impuestos a la contaminación.
d) Gobernanza policéntrica
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En lugar de una autoridad central única, promover múltiples centros de decisión interconectados (ciudades, regiones, empresas, ONG, comunidades).
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Fomenta innovación, experimentación y cooperación desde abajo hacia arriba.
5. ¿Por qué estas estrategias enfrentan dificultades particulares en el cambio climático?
A pesar de sus fortalezas, las estrategias neoinstitucionales enfrentan límites estructurales cuando se trata de un bien público global:
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Difusa distribución de costos y beneficios: Las acciones climáticas pueden implicar sacrificios locales (cerrar minas, cambiar cultivos), mientras que los beneficios son globales y a largo plazo.
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Falta de coerción efectiva a nivel global: No hay una autoridad mundial capaz de hacer cumplir las reglas. Las sanciones dependen de la voluntad política o la presión internacional, que suele ser débil.
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Desigualdad de capacidades: Los países y actores tienen recursos muy diferentes para implementar las reglas. Esto genera injusticias y reduce el compromiso.
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Horizontes temporales incompatibles: Las políticas climáticas exigen planificación multidecenal, pero los gobiernos suelen operar con lógica electoral de corto plazo.
6. A Manera de Conclusión
La gobernanza del cambio climático no puede entenderse solo como un problema técnico o ambiental, sino como un problema institucional de acción colectiva en torno a un bien público. La economía neoinstitucional ofrece herramientas valiosas para diseñar acuerdos más efectivos, reducir el oportunismo y mejorar la coordinación. Sin embargo, su aplicación al cambio climático está limitada por la escala global del problema, la falta de mecanismos de exclusión, y las profundas desigualdades estructurales entre actores.
Por eso, avanzar en la gobernanza climática requiere no solo acuerdos y tecnologías, sino también un cambio institucional profundo: hacia formas de cooperación más legítimas, descentralizadas, transparentes y justas.
Por: Ing. Agr. Ricardo Castillo López
MSc. Dr.
universidadagricola.com