El cambio climático representa un desafío sin precedentes para las zonas rurales del mundo, especialmente en países en desarrollo. Sequías prolongadas, lluvias intensas, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos impactan directamente en la base productiva rural, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, los medios de vida campesinos y la sostenibilidad de los territorios.
Frente a este escenario, el Estado tiene un papel central e insustituible en la coordinación de respuestas eficaces y justas. Este artículo examina cómo el Estado puede y debe intervenir para fortalecer la resiliencia rural y asegurar un desarrollo rural sostenible en un contexto de crisis climática.
1. El impacto del cambio climático en el desarrollo rural
Las comunidades rurales —agrícolas, campesinas e indígenas— dependen en gran medida de los recursos naturales, que son especialmente sensibles al clima. Los efectos del cambio climático se traducen en:
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Reducción de la productividad agropecuaria.
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Mayor inseguridad hídrica.
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Aumento de la migración rural.
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Pérdida de medios de vida tradicionales.
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Riesgos crecientes de pobreza, exclusión y conflictos socioambientales.
Estas amenazas exacerban desigualdades históricas ya presentes en el mundo rural: falta de infraestructura, débil acceso a servicios, mercados inestables y baja capacidad organizativa.
2. ¿Por qué es necesario el Estado?
En contextos rurales, las soluciones individuales o de mercado rara vez son suficientes. El Estado es clave por varias razones:
a) Coordinación de bienes públicos
La adaptación al cambio climático requiere inversiones en infraestructura, información climática, gestión de cuencas y conservación de ecosistemas, todos ellos bienes públicos que el mercado no provee eficientemente.
b) Reducción de desigualdades
El Estado puede promover políticas redistributivas que beneficien a pequeños productores, mujeres rurales y comunidades indígenas, sectores particularmente vulnerables al cambio climático.
c) Fortalecimiento institucional
A través de marcos normativos, servicios técnicos y estructuras de gobernanza local, el Estado puede facilitar la acción colectiva y reducir los riesgos de colapso institucional frente a crisis climáticas.
d) Promoción de innovación y conocimiento
Las políticas públicas pueden apoyar la transición agroecológica, la investigación adaptativa, la recuperación de saberes tradicionales y el acceso a tecnologías resilientes.
3. Funciones estratégicas del Estado en la gobernanza climática
3.1. Planificación territorial con enfoque climático
El Estado debe liderar procesos de ordenamiento territorial que consideren escenarios climáticos futuros, zonas de riesgo, corredores biológicos y capacidades adaptativas locales.
3.2. Inversión en infraestructura resiliente
Caminos rurales, sistemas de riego, almacenamiento de agua, electrificación con renovables y conectividad digital son fundamentales para enfrentar el cambio climático en el campo.
3.3. Sistemas de seguros y protección social
Programas de aseguramiento agroclimático, fondos de emergencia y redes de protección social son herramientas cruciales para amortiguar los impactos de eventos extremos.
3.4. Sistemas de alerta temprana y gestión del riesgo
El desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo climático local y protocolos de respuesta rápida permite anticipar desastres y proteger vidas y medios de vida.
3.5. Participación y descentralización
El fortalecimiento de capacidades locales y la participación de organizaciones campesinas y gobiernos locales aseguran políticas más justas, efectivas y sostenibles.
4. Obstáculos institucionales y desafíos para la acción estatal
Pese a su rol clave, el Estado enfrenta varios desafíos estructurales en su accionar climático rural:
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Fragmentación institucional: múltiples organismos con funciones solapadas y escasa coordinación.
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Recursos fiscales limitados, especialmente en zonas rurales marginales.
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Debilidad de la gobernanza local y baja capacidad técnica en municipios rurales.
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Conflictos de intereses entre desarrollo productivo, conservación y actores económicos dominantes.
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Falta de continuidad de políticas públicas ante cambios de gobierno o crisis económicas.
5. Un Estado transformador para territorios resilientes
El cambio climático exige un nuevo contrato rural, en el que el Estado asuma un rol activo y transformador, no solo como proveedor de servicios, sino como coordinador de la acción colectiva, regulador de los intereses privados y garante de justicia ambiental y territorial.
Esto requiere:
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Priorizar lo rural en las agendas climáticas nacionales.
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Garantizar financiamiento sostenible y equitativo.
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Promover institucionalidad inclusiva y descentralizada.
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Reconocer y articular los saberes locales y comunitarios.
Frente a la crisis climática, el desarrollo rural no puede entenderse sin resiliencia, ni la resiliencia sin el Estado.
Por: Ing. Agr. RIcardo Castillo López
MSc. Dr
universidadagricola.com