El cambio climático representa una amenaza urgente y creciente para la agricultura. Los impactos —como sequías prolongadas, inundaciones recurrentes, variabilidad climática y pérdida de biodiversidad— afectan directamente la productividad, la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales.
En este contexto, la transformación digital emerge como una herramienta estratégica para fortalecer la resiliencia del sector agropecuario. Sin embargo, su adopción a gran escala enfrenta barreras estructurales, especialmente en países en desarrollo.
Dado esto, el papel del gobierno es fundamental para estimular, incentivar y promover la digitalización agrícola como una política pública de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Este artículo expone las razones económicas, sociales y ambientales que justifican la intervención estatal en este proceso.
1. ¿Por qué la transformación digital es clave frente al cambio climático?
La digitalización agrícola ofrece una serie de herramientas que permiten una gestión más inteligente, eficiente y resiliente:
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Sistemas de alerta temprana y monitoreo climático.
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Sensores para riego eficiente y ahorro de agua.
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Análisis de datos para decisiones de siembra, fertilización y cosecha.
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Aplicaciones móviles para registros, acceso a mercados y servicios financieros.
Estas tecnologías permiten reducir vulnerabilidades, optimizar recursos y mejorar la productividad incluso en condiciones climáticas adversas. En suma, constituyen una palanca para una agricultura climáticamente inteligente.
2. ¿Por qué se necesita la intervención del Estado?
Aunque los beneficios de la transformación digital son evidentes, su adopción en el sector agrícola —especialmente por pequeños y medianos productores— es lenta y desigual. Las razones son múltiples:
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Altos costos iniciales de inversión en tecnologías.
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Baja alfabetización digital en zonas rurales.
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Débil infraestructura de conectividad y acceso a energía.
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Falta de confianza o conocimiento sobre los beneficios.
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Desigualdad de género y territorial en el acceso a tecnología.
Esto configura una falla de mercado, donde la adopción individual no es suficiente para alcanzar un beneficio social óptimo. El Estado, entonces, tiene la responsabilidad de corregir esta falla mediante políticas que reduzcan las barreras de entrada y estimulen la adopción tecnológica con criterios de inclusión y sostenibilidad.
3. Justificación económica: bienes públicos y externalidades positivas
Desde la economía, muchas tecnologías digitales aplicadas a la gestión del cambio climático en la agricultura —como los sistemas de información climática, plataformas de datos abiertos o redes de sensores— tienen características de bienes públicos:
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Son no excluibles (todos pueden beneficiarse del pronóstico climático).
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Son no rivales (el uso por parte de uno no impide que otros también lo usen).
Además, generan externalidades positivas: la adopción por parte de un productor puede reducir riesgos sistémicos en una región o mejorar la eficiencia de toda una cadena de valor.
Como ocurre con todo bien público, si se deja al mercado actuar solo, habrá infraoferta de estos servicios. Por ello, el gobierno debe financiar, coordinar o proveer directamente estas soluciones.
4. Incentivos, regulación e infraestructura: ¿qué puede hacer el Estado?
El Estado puede desempeñar varios roles estratégicos:
a) Incentivos económicos y financieros
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Subsidios o cofinanciamiento para adquirir tecnología digital.
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Programas de crédito agrícola orientados a inversión en innovación climática.
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Premios por buenas prácticas agrícolas digitales.
b) Infraestructura habilitadora
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Ampliación de conectividad y acceso a internet rural.
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Electrificación rural y soporte técnico.
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Plataformas nacionales de información agroclimática.
c) Regulación y gobernanza de datos
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Normativas sobre el uso ético y seguro de los datos agrícolas.
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Interoperabilidad entre sistemas digitales públicos y privados.
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Garantía de acceso equitativo a tecnologías.
d) Capacitación y extensión digital
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Formación a técnicos y productores en herramientas digitales.
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Apoyo a escuelas rurales, cooperativas y organizaciones de productores.
5. Beneficios sociales y ambientales de una estrategia estatal
Una política pública de digitalización agrícola orientada a la gestión climática puede generar múltiples beneficios:
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Reducción de la pobreza rural al mejorar la productividad y reducir riesgos.
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Inclusión de mujeres y jóvenes rurales mediante acceso a herramientas modernas.
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Preservación ambiental al fomentar el uso eficiente de insumos y recursos naturales.
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Seguridad alimentaria nacional, al sostener la producción en contextos de crisis.
Además, contribuye a cumplir compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París y las metas de adaptación en las NDCs (Contribuciones Nacionalmente Determinadas).
Por: Ing. Agr. Ricardo Castillo López
MSc. Dr.
universidadagricola.com